Las empresas lo saben, y especialmente lo saben los inversionistas, quienes piensan dos veces antes de tomar una decisión relacionada con empresas que no están supervisando al 100% sus cadenas de suministro y procesos en relación con las buenas prácticas ambientales y sociales.
Sin embargo, ¿cuál ha sido la reacción de los gobiernos en cuanto a estas iniciativas? ¿Y qué papel han tomado frente al cambio inminente de paradigma en las políticas internas de las compañías? ¿Se han convertido en aliados, o en factores que pueden llegar a aplazar esta transformación? Para profundizar en este tema, nada mejor que echar un vistazo a lo que está sucediendo en Alemania, ahora que la Ley Alemana de Cadenas de Suministro es una realidad.
¿Qué es la Ley Alemana de Cadenas de Suministro?
También conocida como German Supply Chain Act (o Lieferkettengesetz, en su idioma original), es una ley aprobada en 2021, y que ha entrado en vigor el 1 de enero del 2023 con el objetivo de mejorar la responsabilidad social y ambiental de las empresas alemanas y de sus cadenas de suministro en el extranjero. La ley establece criterios específicos en materia de derechos laborales, medio ambiente y gobierno corporativo, conocidos como criterios ESG (sustentabilidad ambiental, social y de gobernanza).
Los criterios ESG incluidos en esta ley son muy amplios y cubren una variedad de áreas. Por ejemplo, las empresas deben garantizar el respeto a los derechos laborales fundamentales de sus trabajadores, incluyendo el derecho a la libertad sindical y la prohibición del trabajo infantil. También deben promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación, y deben garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables.
Además, las empresas deben cumplir con estándares medioambientales y reducir su impacto ambiental. Esto incluye la reducción del uso de energía y la emisión de gases de efecto invernadero, así como la promoción de prácticas sostenibles en la producción y distribución de sus productos.
De forma específica, lo que deben cumplir las empresas alemanas para acatar esta nueva ley son los siguientes 4 factores:
- Un sistema de gestión de riesgo. Las empresas deben contar con un sistema que les ayude a identificar las áreas de oportunidad y los posibles riesgos en derechos humanos y daño ambiental en sus actividades, así como en su cadena de suministro.
- Políticas de derechos humanos. Las empresas deben publicar sus políticas y estatutos en derechos humanos, para así consolidar una estrategia en relación con sus obligaciones de debida diligencia, o due diligence.
- Proceso de quejas y reclamaciones. Las empresas deben asegurar canales para que los posibles afectados puedan enviar sus quejas por escrito y así alertar a la empresa en el debido caso de que estén incurriendo en violaciones.
- Reportes. Las empresas deben documentar y publicar anualmente el estado de sus obligaciones de debida diligencia relacionada con asuntos ESG, y enviarla a las autoridades competentes.
En caso de incumplir con alguna de las anteriores demandas, las empresas alemanas deberán pagar multas de hasta 8 millones de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
¿Cómo afecta esto a América Latina y al mundo?
A raíz de la pandemia de COVID-19, las empresas latinoamericanas, anteriormente rezagadas en temas ESG, se han visto en la necesidad de acelerar su evolución hacia las prácticas que ya son normales en los países desarrollados. Por ejemplo, aunque América Latina no tiene actualmente un marco jurídico fuerte en relación con el pilar Social de los criterios ESG, las consecuencias del incumplimiento pueden ampliarse a otros continentes.
De esta forma, esta ley sentará un precedente para todas las naciones que están considerando implementar una legislación de esta naturaleza. El efecto dominó de esta ley ya está dando resultados en la Unión Europea, al grado de que en mayo de 2023 se discutirá el posible establecimiento de una norma similar que funcione para todas las empresas de la Unión Europea y todas sus filiales ubicadas en otras partes del mundo así como toda cadena de suministro.
Pero no es necesario que esta ley se expanda en más naciones para repercutir en América Latina y el Caribe, pues Alemania es uno de los principales socios comerciales de la región. Tan sólo en 2019, se generaron 55 mil millones de dólares a partir de esta alianza comercial, representando 13% de las exportaciones, y 30% de las importaciones.1
Así, la Ley Alemana de Cadenas de Suministro tiene importantes implicaciones para las empresas alemanas y sus cadenas de suministro en el extranjero, especialmente en países en desarrollo como América Latina. Esto significa que las empresas latinoamericanas que tengan acuerdos comerciales con empresas alemanas, que tengan más de 3,000 o más empleados, estarán bajo la lupa de las autoridades, pues deberán garantizar que sus operaciones no entran en conflicto con las renovadas políticas internas alemanas, las cuales estarán obligadas a respetar los derechos laborales, las prácticas ambientales y sustentables, y la transparencia total. A partir de mayo del 2023, esta ley también comenzará a aplicar para todas las empresas que tengan 1,000 o más empleados.
Así, esta ley puede tener un impacto positivo y paulatino en América Latina y el Caribe, ya que ayudará a que las iniciativas de sustentabilidad y responsabilidad social no sean una teoría, sino una realidad inminente que las empresas deberán adoptar para no perder sus alianzas estratégicas. En ese sentido, las herramientas de gestión de riesgo y de reporte de información y datos ESG deberán estar en las planeaciones y alineaciones de las empresas con socios comerciales de Alemania, pues sólo de esta manera podrán asegurar que sus prácticas no amenazarán lo objetivos de sus contrapartes europeas.
Es verdad que esta ley no afecta de forma directa a una porción considerable de las empresas latinoamericanas. Sin embargo, es sólo cuestión de tiempo que los legisladores de esta región discutan la importancia de establecer leyes que tomen en cuenta los criterios ESG, y que sirvan como una herramienta más en contra de la corrupción y el cambio climático; dos de las más altas prioridades que aborda el Pacto Global de las Naciones Unidas.
En resumen, las empresas latinoamericanas deben estar preparadas para la siguiente ola de legislaciones ESG que pronto entrarán en vigor en el mundo. 2023 representará una oportunidad invaluable para las empresas que sepan aprovechar esta ola, pues si actúan con tiempo y responsabilidad, podrán remontarse y convertirse en las empresas pioneras en regulaciones ESG en la región.
Las nuevas regulaciones que están por llegar se convertirán
en un factor de éxito para las empresas que sepan cómo aprovechar las oportunidades
